La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha aprueba el Informe relativo al examen y comprobación de las cuentas anuales de las fundaciones del sector público regional del ejercicio 2021.
El informe, aprobado por Resolución del presidente de la Cámara de Cuentas, incluye la revisión formal de los estados financieros y demás información económica y de gestión de las cuentas rendidas por las fundaciones públicas regionales. El objeto ha sido verificar si las mismas se adecúan a los principios, criterios y normas contables de aplicación, teniendo en consideración los resultados de otros auditores públicos y privados. Además, el informe comprende análisis específicos en materia de disciplina presupuestaria, transparencia, igualdad e integridad.
Las fundaciones públicas regionales objeto de control han sido las nueve cuyos presupuestos están integrados en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021: Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, Fundación Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha, Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha, Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración, Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Fundación Colección Roberto Polo, Fundación Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha, y Fundación Castilla-La Mancha, Tierra de Viñedos, con un presupuesto agregado de 40,5 millones de euros, financiado en su mayor parte con transferencias de financiación de la administración regional y organismos públicos dependientes.
Todas las fundaciones públicas regionales formularon, aprobaron y rindieron sus cuentas anuales en plazo. Adicionalmente han sometido sus cuentas a auditoría externa y a control financiero de la Intervención General.
El endeudamiento agregado del sector público fundacional en 2021 asciende a 4,9 millones de euros, con una reducción del 17,20% respecto de 2020.
La cuenta de resultados agregada arroja unos resultados positivos derivados de la actividad ordinaria de 449,37 miles de euros, lo que ha supuesto una reducción del 45,13% respecto del obtenido en el ejercicio precedente.
El número medio de personas empleadas en el sector público autonómico fundacional en 2021 era de 331, con un volumen de gasto agregado de 11,8 millones de euros.
En general, el sector público autonómico fundacional cumple con las obligaciones de suministro de información de la deuda comercial y en algunos casos puntuales el periodo medio de pago a proveedores se supera ligeramente.
Las fundaciones que integran el sector público autonómico fundacional, salvo la FPSMRC, vienen razonablemente publicando en sus portales de transparencia, su información económico-financiera, si bien se han podido constatar debilidades en relación con el reducido nivel de cumplimiento respecto al formato reutilizable de los contenidos publicados.
Sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de integridad, en general, las fundaciones públicas analizadas, no disponen de modelos o sistemas de prevención de riesgos penales que pretenden evitar su responsabilidad penal y fomentar la cultura de la ética dentro de la fundación.
En relación con los aspectos relativos a la igualdad, ninguna de las fundaciones tiene la obligatoriedad de disponer de plan de igualdad, salvo la FSCLM, que manifiesta tenerlo en fase de elaboración.
Entre las recomendaciones formuladas destacan, tal y como venía poniendo de manifiesto el Tribunal de Cuentas, que se desarrolle el procedimiento necesario para hacer efectiva la supervisión continua sobre el sector público fundacional, que los estatutos de las fundaciones deberían modificarse para concretar tanto su adscripción al sector público autonómico como la identificación de la tutela funcional por la consejería que se determine por el Consejo de Gobierno, así como que FSCLM debe adoptar las medidas oportunas en aras a la aprobación de su plan de igualdad. Por otra parte, se recomienda llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar un mayor cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la información económico-financiera y que la información publicada se realice en formatos reutilizables, así como que se deberían impulsar actuaciones en materia de integridad e igualdad.
El informe recoge treinta y dos conclusiones, fruto de los trabajos realizados y doce recomendaciones dirigidas fundamentalmente a las fundaciones públicas fiscalizadas y a las consejerías de adscripción. En el trámite de formulación de alegaciones, en general, las fundaciones públicas han manifestado su disposición para emprender acciones correctoras, que la Cámara de Cuentas valora positivamente.
El Informe de fiscalización y el resumen divulgativo, puede descargarse en la página web de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace.